**La iniciativa busca facilitar pagos electrónicos, bancarizar pequeños negocios y generar historiales financieros.
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.— El Gobierno de México busca acelerar la transición hacia una economía con mayor uso de pagos digitales mediante una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta que pretende reducir gradualmente el uso de efectivo, facilitar la bancarización de pequeños negocios y contribuir a la formalización de actividades económicas. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es aprovechar la infraestructura financiera que ya existe en el país para que comercios, trabajadores independientes y consumidores puedan realizar operaciones electrónicas de manera más sencilla.
La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión el 8 de septiembre, como parte de las iniciativas que acompañaron al Paquete Económico 2027. Sin embargo, su contenido todavía se encuentra bajo análisis legislativo y deberá completar el proceso correspondiente antes de convertirse en una ley vigente. El proyecto busca apoyarse principalmente en herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma Cobro Digital (CoDi), que permiten realizar transferencias y pagos desde dispositivos móviles. La intención es que los pequeños comercios puedan recibir dinero directamente en sus cuentas sin necesidad de contratar una terminal bancaria.
Para los establecimientos, esto significaría poder colocar un código QR para recibir pagos. El cliente podría escanearlo desde la aplicación de su banco, autorizar la operación y enviar el dinero directamente al comercio. De acuerdo con las autoridades, este tipo de operaciones puede realizarse de manera inmediata y sin comisiones mediante la infraestructura de SPEI y CoDi. Uno de los objetivos económicos detrás de esta transformación es generar un historial financiero para personas y pequeños negocios que actualmente realizan buena parte de sus operaciones exclusivamente en efectivo.
Peña Merino explicó que la digitalización puede facilitar el acceso posterior a servicios financieros, incluyendo crédito, al existir información sobre los movimientos y la capacidad de pago de los usuarios. De esta manera, la iniciativa pretende que la digitalización no sea solamente una modificación en la forma de pagar, sino una herramienta para ampliar la participación de más personas en el sistema financiero. El diagnóstico presentado por las autoridades muestra la dimensión del reto. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 señala que 85.2% de los adultos utiliza principalmente efectivo para compras de hasta 500 pesos. Aunque esta proporción ha disminuido frente a 2021, cuando alcanzaba 90.1%, el efectivo continúa siendo el principal medio de pago para operaciones cotidianas.
La estrategia del Gobierno Federal contempla reducir gradualmente esta dependencia. Entre los sectores que han sido señalados como posibles primeros espacios para avanzar hacia pagos digitales se encuentran las gasolineras y las carreteras de cuota. La propuesta daría facultades a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores y actividades donde podrían establecerse medios electrónicos como modalidad de pago, aunque los detalles tendrían que definirse mediante reglas posteriores. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el objetivo no es eliminar de manera general el dinero en efectivo, sino ampliar las alternativas de pago electrónico. El Gobierno Federal vincula la medida con una mayor seguridad, eficiencia en las transacciones y formalización de actividades económicas.
La propuesta también contempla que los gobiernos federal, estatales y municipales acepten pagos digitales para trámites y servicios. Con ello, la digitalización alcanzaría no sólo las compras entre particulares y comercios, sino también la relación cotidiana entre ciudadanos y autoridades. El proyecto, sin embargo, enfrenta uno de sus principales retos en la inclusión. Durante las discusiones legislativas se ha advertido que una transición acelerada podría afectar a personas que no tienen una cuenta bancaria, teléfono inteligente, conectividad suficiente o acceso regular a servicios financieros.
La preocupación alcanza especialmente a comunidades rurales e indígenas, adultos mayores y pequeños establecimientos que todavía operan principalmente con dinero en efectivo. Por ello, legisladores y representantes del sector privado han planteado la necesidad de establecer reglas claras que garanticen que nadie quede impedido de comprar un producto, recibir un servicio o realizar un trámite por no contar con medios digitales. Otro punto pendiente es definir con precisión cuáles serían los sectores considerados estratégicos y bajo qué condiciones podrían dejar de aceptar efectivo. La iniciativa contempla facultades para Hacienda en esta materia, pero durante la discusión legislativa se ha señalado que deberán establecerse criterios y excepciones claros.
La transformación también coincide con cambios recientes impulsados por el Banco de México para facilitar las transferencias desde aplicaciones móviles y ampliar las posibilidades de las cuentas simplificadas. Estos mecanismos buscan que pequeños negocios puedan recibir pagos electrónicos sin requerir infraestructura bancaria compleja. Para el Gobierno Federal, la apuesta representa un paso hacia una economía más digitalizada y con mayor trazabilidad de las operaciones. Para los pequeños negocios, el desafío será incorporar estas herramientas sin asumir costos adicionales ni perder clientes que todavía utilizan efectivo.
La Ley de Economía Digital se encuentra ahora en manos del Congreso. Su discusión definirá hasta dónde llegará la transición hacia los pagos electrónicos, qué sectores serán incorporados y qué medidas deberán implementarse para garantizar que la digitalización avance junto con la inclusión financiera. Más que la desaparición del efectivo, el proyecto plantea un cambio gradual en la forma en que mexicanos, comercios y gobiernos realizan sus operaciones. El objetivo será que pagar desde un teléfono sea tan sencillo y accesible como entregar un billete, sin que la modernización deje atrás a quienes todavía no tienen las condiciones para dar ese paso.
