La reforma impulsada por el Ejecutivo amplía las facultades de revisión de mercancías y busca cerrar espacios a la subvaluación y al contrabando.
Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.— El Gobierno de México avanza en el fortalecimiento de los controles aduaneros con una reforma a la Ley Aduanera que busca combatir la evasión fiscal, frenar la subvaluación de mercancías importadas y establecer condiciones de competencia más equitativas para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 8 de septiembre, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre y turnada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. En la votación general obtuvo 334 votos a favor y 119 en contra; en lo particular, el proyecto fue avalado con 338 votos a favor y 114 en contra.
Uno de los objetivos centrales de la propuesta es combatir la subvaluación, una práctica mediante la cual se declara un valor inferior al real para reducir el pago de impuestos y contribuciones al importar mercancías. Esta conducta puede generar pérdidas para la hacienda pública y ventajas indebidas frente a productores y comerciantes que operan conforme a la ley. Para atender este problema, la reforma amplía las facultades de las autoridades aduaneras para verificar el valor declarado de los productos y actuar ante posibles irregularidades. Entre los cambios destaca la eliminación del umbral fijo de 50 por ciento de diferencia de valor que condicionaba determinados embargos precautorios, lo que permitirá revisar operaciones bajo nuevos parámetros de riesgo.
El Gobierno federal busca que estas herramientas contribuyan a detectar esquemas de evasión y contrabando que afectan la recaudación y distorsionan el funcionamiento del mercado. El propósito también es fortalecer la vigilancia sobre las operaciones de comercio exterior y mejorar la capacidad institucional para identificar mercancías cuyo valor declarado no corresponda con los parámetros aplicables. La propuesta contempla además sanciones más severas para determinadas operaciones ilegales relacionadas con combustibles. Durante la discusión legislativa se incorporaron multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de los hidrocarburos y petrolíferos importados ilegalmente, como parte de las medidas para combatir el llamado huachicol fiscal.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la fiscalización y proteger los recursos públicos. Una supervisión aduanera más eficaz puede contribuir a reducir las prácticas que permiten eludir contribuciones y a evitar que las empresas que cumplen con sus obligaciones enfrenten una competencia desigual frente a quienes recurren a mecanismos irregulares. El impacto también alcanza a la industria nacional. Cuando los productos ingresan al país mediante declaraciones artificialmente bajas o esquemas de contrabando, los fabricantes y comerciantes formales pueden enfrentar condiciones de competencia desfavorables. Por ello, uno de los argumentos expuestos durante el debate legislativo fue la necesidad de proteger el empleo, la producción y la actividad comercial que se desarrolla dentro del marco legal.
No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones a importadores que operan legalmente y sobre el riesgo de que las nuevas facultades provoquen retrasos o incertidumbre en el despacho de mercancías. Estos señalamientos colocan la aplicación de criterios claros y verificables como un aspecto relevante para la implementación de la reforma. El desafío para las autoridades será fortalecer la capacidad de detección de irregularidades sin generar obstáculos innecesarios a las operaciones legítimas de comercio exterior. La certeza jurídica, la aplicación uniforme de las disposiciones y el uso de criterios técnicos serán elementos importantes para alcanzar ese equilibrio.
Una vez que concluya el proceso legislativo, las modificaciones deberán aplicarse conforme a las disposiciones y los plazos que correspondan. Su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones aduaneras para identificar riesgos, fiscalizar operaciones y hacer cumplir las obligaciones sin afectar injustificadamente a quienes actúan conforme a la ley. Con esta reforma, el Gobierno federal busca consolidar un sistema aduanero con mayores herramientas para combatir la evasión fiscal, enfrentar el contrabando y proteger la recaudación pública. La meta es cerrar espacios a las prácticas ilegales y fortalecer las condiciones para que el comercio exterior contribuya al desarrollo económico del país.
