**La reforma constitucional fue enviada a los congresos estatales y contempla cambios en la organización del Poder Judicial, la elección de juzgadores y la integración del Tribunal Electoral.
Ciudad de México a 29 de mayo de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que aplaza hasta 2028 la siguiente elección judicial federal y permite que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar nuevamente para un nuevo periodo en el cargo. El dictamen fue remitido a los congresos estatales para su eventual ratificación.
La reforma forma parte del paquete de modificaciones impulsadas por el Gobierno federal para ajustar diversos aspectos de la transformación del Poder Judicial aprobada en 2024. Con 87 votos a favor y 40 en contra, el bloque conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar el proyecto en la Cámara Alta.
Uno de los cambios más relevantes consiste en trasladar la elección judicial originalmente prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028. De acuerdo con los legisladores que respaldaron la propuesta, la medida permitirá una mejor organización de los procesos electorales y evitará la coincidencia de diversas elecciones constitucionales en un mismo periodo.
La reforma también establece nuevas disposiciones para el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre ellas se contempla que el máximo tribunal se organice en dos secciones y que determinadas decisiones requieran la aprobación del pleno para su validez. Otro de los puntos que generó mayor debate durante la discusión parlamentaria fue el relacionado con la Sala Superior del TEPJF. El dictamen aprobado prevé que los actuales magistrados permanezcan en funciones hasta 2028 y puedan participar nuevamente en el proceso de selección para un nuevo periodo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente.
Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada por magistradas y magistrados responsables de resolver las controversias más relevantes en materia electoral, incluyendo la calificación de elecciones presidenciales y la resolución de impugnaciones relacionadas con procesos federales y locales.
Durante el debate legislativo, senadores de oposición cuestionaron la reforma al considerar que algunos de sus componentes representan ajustes derivados de dificultades detectadas en la implementación de la reforma judicial original. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostuvieron que las modificaciones no resuelven problemas de fondo relacionados con la profesionalización y autonomía del sistema judicial. Por su parte, legisladores oficialistas defendieron el proyecto argumentando que busca perfeccionar los mecanismos de elección popular de integrantes del Poder Judicial y dotar de mayor certidumbre al nuevo modelo institucional. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que los cambios responden a la complejidad operativa que implica organizar simultáneamente elecciones legislativas, ejecutivas y judiciales.
La reforma también contempla modificaciones en los periodos de duración de magistrados y jueces que resulten electos en los futuros procesos judiciales. De acuerdo con el dictamen, quienes sean elegidos en la jornada de 2028 concluirán su encargo en 2036, ajustando así la temporalidad de diversos cargos dentro del nuevo esquema judicial. Además, se incluyen disposiciones relacionadas con la evaluación y selección de candidaturas judiciales. Entre ellas destaca la creación de mecanismos de coordinación que permitan homologar criterios de evaluación, exámenes de conocimiento y procedimientos de selección entre los distintos comités encargados de revisar los perfiles aspirantes.
La discusión de la reforma se desarrolló durante una sesión extraordinaria que se prolongó por varias horas y que incluyó posicionamientos encontrados entre oficialismo y oposición. Diversos legisladores intercambiaron argumentos sobre los alcances de la reforma judicial, la independencia de los órganos jurisdiccionales y el futuro del sistema de justicia mexicano.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue enviado a las legislaturas estatales. Debido a que se trata de una reforma constitucional, deberá ser respaldada por al menos 17 congresos locales para que pueda ser declarada válida y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Analistas consideran que el debate sobre la elección de jueces, magistrados y ministros continuará siendo uno de los temas centrales de la agenda pública durante los próximos años, particularmente conforme avance la implementación de los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión.
