El dictamen establece una transición escalonada hacia las 40 horas semanales, proyectando su consolidación total para el año 2030.
Con un consenso unánime de 48 votos a favor, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Trabajo y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron la reforma al artículo 123 constitucional. Esta modificación técnica busca alinear el marco normativo mexicano con las recomendaciones internacionales de la OIT, planteando un esquema de reducción que prioriza la estabilidad de las cadenas productivas y la competitividad de las empresas.
Marco de implementación y cronograma técnico
El aspecto central de la reforma es su carácter transitorio y progresivo. A diferencia de propuestas anteriores, el dictamen actual contempla un periodo de cinco años para que el sector privado ajuste sus costos operativos y procesos de contratación. La ruta crítica aprobada se desglosa de la siguiente manera:
- 2026: Fase de preparación administrativa sin cambios en el límite de 48 horas.
- 2027: Inicio de la reducción efectiva a 46 horas semanales.
- 2030: Cumplimiento de la meta final de 40 horas.
Implicaciones para el sector productivo
Desde una perspectiva técnica, la reforma estipula que la reducción de horas no deberá impactar el salario íntegro ni las prestaciones de los trabajadores. Asimismo, se han definido nuevos criterios para el tiempo extraordinario, limitándolo a un máximo de 12 horas semanales, con un pago adicional del 100% sobre el salario ordinario.
Expertos y cámaras empresariales han señalado que el éxito de esta transición dependerá de la capacidad de las empresas, especialmente en los sectores manufacturero y de servicios, para invertir en automatización y mejora de la productividad total de los factores. El dictamen pasará ahora al pleno de la Cámara Alta para su discusión y eventual aprobación definitiva.
