**El operativo estadounidense abre un complejo debate internacional: Washington apela a la seguridad hemisférica y el combate al crimen, mientras Caracas denuncia una violación flagrante a su soberanía.
Ciudad de México 03 de enero de 2026.- La incursión militar realizada esta madrugada por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, ha generado una onda de choque en la diplomacia internacional. Más allá de la acción táctica, el hecho plantea una disyuntiva crítica en el derecho internacional: el alcance de la justicia extraterritorial frente a la inviolabilidad de las fronteras nacionales.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la operación “Libertad Simón Bolívar” (como fue denominada extraoficialmente) no se presenta como una guerra de conquista, sino como una acción de cumplimiento de la ley (law enforcement). El gobierno estadounidense justifica el despliegue bajo la premisa de “narcoterrorismo”, argumentando que la estructura de poder en Caracas representaba una amenaza directa e inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región. Para Washington, la detención de Maduro es el desmantelamiento de una red criminal, no solo un cambio de régimen político.
Por otro lado, la narrativa desde Caracas y diversos sectores de América Latina pone el foco en la legalidad del acto. Se argumenta que la intervención transgrede los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Para el oficialismo venezolano y sus aliados, esto constituye un golpe de Estado ejecutado desde el exterior, sentando un precedente peligroso donde una potencia extranjera decide unilateralmente la legitimidad de un gobierno vecino mediante la fuerza, ignorando los canales diplomáticos y multilaterales.
Mientras Nicolás Maduro es trasladado a tribunales estadounidenses, el vacío de poder en Venezuela genera una incertidumbre que los mercados y cancillerías observan con cautela. El reto inmediato será evitar que la polarización de estas dos visiones —justicia transnacional vs. soberanía— derive en un conflicto civil prolongado, siendo imperativo que la comunidad internacional busque mecanismos para restablecer el orden institucional sin mayor derramamiento de sangre.
