**El registro obligatorio de líneas celulares, que asociará cada número a la CURP del usuario, iniciará en enero de 2026 como una estrategia clave para fortalecer el combate a la extorsión y el fraude digital.
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.— El país se prepara para una actualización significativa en el sector de las telecomunicaciones. A partir de enero de 2026, entrará en vigor el proceso de registro obligatorio de números celulares, una medida impulsada por las autoridades federales para aumentar la seguridad y cerrar espacios a la delincuencia organizada que utiliza la telefonía móvil para cometer ilícitos como la extorsión y el secuestro.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano responsable de emitir los lineamientos, ha trabajado en la fase de consulta pública y se espera que las directrices finales sean publicadas a finales de este mes de diciembre. Una vez que la norma sea oficial, los usuarios de telefonía móvil, tanto de prepago como de pospago, dispondrán de un plazo de 120 días para asociar su número activo a su Clave Única de Registro de Población (CURP) o, en el caso de extranjeros, a su pasaporte vigente.
Esta iniciativa implica un esfuerzo tecnológico y financiero considerable para las empresas operadoras. La implementación de la plataforma, que incluirá un motor biométrico y el software necesario para la validación de identidad de millones de líneas, conlleva un costo estimado de 4,053 millones de pesos para el sector privado, según datos del Análisis de Impacto Regulatorio.
Pese a la magnitud de la inversión, este proyecto se justifica por los beneficios esperados en materia de seguridad. Un análisis económico, que cita datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estima que la implementación del padrón podría generar beneficios superiores a los 21,000 millones de pesos anuales al reducir las pérdidas económicas derivadas de fraudes y extorsiones telefónicas.
El objetivo central es dotar a las autoridades de justicia de una herramienta robusta que permita la trazabilidad de las comunicaciones, eliminando el anonimato que actualmente facilita la comisión de delitos. Aunque la medida ha generado debate en torno a la protección de datos personales, las autoridades han enfatizado que la plataforma estará bajo la administración de los concesionarios, buscando garantizar la protección de la información sensible de los ciudadanos.
