**En una muestra de que las instituciones democráticas actúan como contrapeso ante la incertidumbre, el parlamento peruano decidió relevar al mandatario de transición para garantizar la transparencia rumbo a los comicios de abril.
Ciudad de México a 18 de febrero de 2026.- El orden institucional y la rendición de cuentas son pilares innegociables para cualquier democracia moderna, y la República del Perú acaba de ofrecer una muestra de la eficacia de sus contrapesos. Este martes, el Congreso peruano aprobó la destitución del presidente interino José Jerí, alcanzando una contundente mayoría de 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Esta determinación surge a partir de diversas investigaciones sobre su gestión y presuntos conflictos de interés que el Legislativo consideró incompatibles con la alta responsabilidad del encargo.
Si bien los cambios de timón en el Ejecutivo pueden parecer complejos, es fundamental analizar este hecho desde una óptica de resiliencia y fortaleza del Estado. A menos de dos meses de que las peruanas y peruanos acudan a las urnas el próximo 12 de abril de 2026, el parlamento ha priorizado la necesidad de mantener un proceso electoral pulcro, libre de cuestionamientos y bajo un liderazgo transitorio que goce de total idoneidad. Jerí, quien había asumido las riendas apenas en octubre del año pasado tras la salida de Dina Boluarte, dejará la presidencia para dar paso a una nueva figura de consenso.
La agilidad con la que el sistema peruano procesó esta coyuntura demuestra que los mecanismos constitucionales están plenamente operativos. Los señalamientos que rodearon a Jerí, enfocados en reuniones no transparentadas y tráfico de influencias, fueron atajados directamente por la vía legislativa, impidiendo que estas dudas enturbiaran la voluntad ciudadana que está por ejercerse. En lugar de prolongar la zozobra política, se ha optado por la claridad y el apego a la legalidad.
El reto inmediato para el Congreso es elegir a un nuevo titular de su Mesa Directiva, quien, por mandato constitucional, asumirá automáticamente la tarea de liderar el Ejecutivo hasta la transición de poder del próximo 28 de julio. Esta sucesión ordenada es la mejor garantía de que el país andino mantendrá su estabilidad operativa.
América Latina observa con atención este proceso, que más allá de la coyuntura inmediata, nos recuerda que la verdadera madurez de una nación radica en su capacidad de autocorregirse pacíficamente, blindar sus instituciones y asegurar que, por encima de cualquier figura política, prevalezca siempre la certeza democrática.
