**El Congreso dio luz verde a la reforma que ajusta los impuestos de importación a más de mil 400 productos de naciones asiáticas y otras sin TLC; la medida, que entra en vigor en 2026, apuesta por fortalecer la producción local y las cadenas de suministro frente al déficit comercial.
Ciudad de México 11 de diciembre de 2025.- El Senado de la República aprobó este miércoles, con 76 votos a favor, la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, una medida estratégica que ajusta los aranceles de entre 5% y 50% a diversos productos provenientes de países con los que México no cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC).
La legislación, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, tiene como objetivo principal nivelar el terreno de juego para los productores mexicanos. Según el dictamen, sectores clave como el acero, aluminio, textiles, calzado, plásticos y automotriz se verán beneficiados al reducirse la competencia desleal de mercancías importadas a precios por debajo del mercado, principalmente de economías asiáticas.
Hacia un “Plan México” de fortalecimiento interno Más allá de una medida recaudatoria, analistas y legisladores coinciden en que este movimiento responde a una visión de largo plazo conocida como “Plan México”. La intención es incentivar la sustitución de importaciones y fomentar que las cadenas de valor se establezcan dentro del territorio nacional. Al encarecer la entrada de productos terminados de países como China, India o Vietnam, se abre una ventana de oportunidad para que la manufactura mexicana y la inversión extranjera directa (nearshoring) cubran esa demanda.
Durante la discusión, se destacó que México mantiene un déficit comercial considerable con estas naciones. Por ello, la actualización de las tarifas se presenta como una herramienta necesaria para proteger el empleo nacional y preparar a la economía mexicana de cara a la revisión del T-MEC en 2026, mostrando a Norteamérica que México es un socio comprometido con el fortalecimiento de la región.
Aunque cámaras empresariales y algunos sectores de oposición han sugerido vigilar posibles presiones inflacionarias, el consenso legislativo apunta a que los beneficios de blindar la planta productiva nacional superan los riesgos a corto plazo. La Secretaría de Economía será la encargada de implementar mecanismos para asegurar que el abasto de insumos críticos no se vea afectado, garantizando así un equilibrio entre protección y competitividad.
