**El Senado de la República ratifica el nuevo marco legal con 68 modificaciones pactadas, garantizando la rectoría estatal del recurso y ofreciendo certidumbre a los productores respecto a la conservación de sus derechos de concesión.
Ciudad de México 5 de diciembre de 2025.- La mayoría en el Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Aguas, un avance legislativo fundamental que busca reglamentar el derecho humano al líquido y eliminar la posibilidad de que el recurso sea mercantilizado, fortaleciendo así el papel del Estado en su administración. La legislación fue avalada tras incorporar 68 modificaciones que fueron negociadas y acordadas con el sector campesino, desactivando inquietudes y bloqueos en la capital.
La aprobación se centró en buscar un equilibrio que permita la protección del recurso como bien nacional, al mismo tiempo que otorga seguridad jurídica a miles de productores que dependen del agua para sus actividades.
Claridad y Respaldo para los Productores
Uno de los puntos más sensibles, que generó debate, fue resuelto de forma favorable para el sector agrícola. La Ley establece con claridad que:
- Se mantiene la Transmisibilidad de Derechos: Se garantiza que, al vender o heredar tierras vinculadas a una concesión de agua, el nuevo propietario conservará los derechos de explotación, uso o aprovechamiento del recurso.
- Proceso Expedito y Certeza: La autoridad del agua deberá expedir un nuevo título de concesión por el plazo remanente y bajo las mismas características, lo cual es relevante pues exceptúa el análisis de la disponibilidad del recurso en estos casos.
- Venta de Tierras Agrícolas: La transmisión de tierras dedicadas a la agricultura no será considerada un cambio de uso si se mantiene en actividades agropecuarias o acuícolas.
Estos acuerdos buscan que la Ley General de Aguas sea un instrumento de justicia social y ambiental, en línea con las demandas históricas de las comunidades y los productores.
Fortalecimiento de la Rectoría y la Seguridad Hídrica
La nueva legislación también busca la eficiencia y transparencia en la administración del líquido al establecer medidas clave para el futuro hídrico del país:
- Restricciones Claras: Se establecen reglas más claras para las prórrogas y se limita la reasignación de concesiones solo a casos de compraventa, herencia o fusión, con un plazo de resolución máximo de 20 días hábiles.
- Combate al Tráfico Ilegal: Se estipulan penas severas por el traslado ilegal de agua, que pueden ir de tres meses hasta 14 años de prisión, con un enfoque particular en sancionar a funcionarios públicos que incurran en estas prácticas.
- Prevención de Monopolios: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá implementar un programa para prevenir concentraciones excesivas del recurso en manos privadas, asegurando una distribución más equitativa.
Con estas disposiciones, el Estado Mexicano da un paso firme para modernizar su marco legal, asegurando el agua como un bien público esencial para las familias y vital para el desarrollo del campo mexicano.
